La decisión de construir un gran acuerdo nacional para redefinir las reglas del juego económico y político en el país, fue la prioridad principal para Peña Nieto y su equipo de colaboradores desde el momento mismo en que resultaron vencedores de la elección de julio pasado. La experiencia de 12 años de gobiernos panistas atorados en las grandes reformas, a veces por el PRD y a veces por el PRI, obligó a los tricolores a evitar a toda costa un retorno a la Presidencia de la República en las mismas condiciones que sus antecesores.
Durante la larga transición comprendida entre el momento en que el Tribunal Electoral declaró ganador a Peña y la toma de posesión el 1 de diciembre, los priístas se dedicaron a hacer lo que saben desde su institucionalización como partido: negociar y negociar con cuanta fuerza política estuviera dispuesta a participar de un nuevo acuerdo, y más aún al no contar con la mayoría parlamentaria que les hubiera permitido prescindir de la molesta oposición para su proyecto de gobierno.
Con esta estrategia, los interlocutores en el PAN y el PRD aprovecharon su propia problemática interna para reforzar la tendencia que abría los caminos a la firma de un nuevo acuerdo político nacional que incluyera a todos los posibles y alejara a los saboteadores del diálogo. De igual manera, los gobernadores e importantes dirigentes sindicales se incorporaron al pacto, sabedores de que quedar fuera del mismo implicaba el aislamiento total y la eventual pérdida del poder en el momento en que las decisiones llegaran a tomarse sin su presencia efectiva.
Por eso Elba Esther Gordillo en el SNTE y Romero Deschamps en el sindicato petrolero se disciplinan a pesar de su enorme reticencia ante las reformas en sus respectivos sectores. No se trata del viejo sometimiento a los dictados del monarca sexenal, sino la clara percepción de que el bloque político formado alrededor del Pacto por México, no permitirá chantaje alguno por parte de las viejas estructuras corporativas sobrevivientes del viejo régimen. Los riesgos para que este acuerdo fracase provienen primordialmente de los propios firmantes del pacto.
PAN y PRD saben bien que corren en dos carriles, donde en uno negocian y acuerdan proyectos legislativos con el gobierno, mientras que en el segundo compiten y se enfrentan contra el PRI en comicios estatales, incluso a través de alianzas electorales en diferentes entidades bajo el argumento de que lo principal es evitar que el Revolucionario Institucional obtenga triunfos que fortalezcan aún más su posición en el terreno de la negociación política. Es por ello que cada decisión del IFE que es contraria a los partidos de oposición, es cuestionada no sólo descalificando al árbitro, sino amenazando al gobierno con la ruptura del pacto.
Se trata de jugar simultáneamente con el adversario al que hay que derrotar a través de todos los medios posibles, mientras se acuerda con él las condiciones de una estrecha colaboración en la que se espera obtener una ganancia política compartida. Los riesgos de esta apuesta son altos en la medida en que la lucha por el poder puede despedazar el espacio del diálogo y la concertación, para desembocar de nuevo en otro impasse legislativo sexenal que impida la concreción de las reformas que el país requiere.
Es por eso que la orden emitida desde la Presidencia al menos para este año, es evitar al máximo generar conflictos políticos o electorales derivados de acciones que el PRI pueda realizar para intentar ganar las contiendas estatales, y que sirvan de argumento a los partidos para anular el pacto. Ya habrá tiempo para explotar éxitos de gobierno. Por lo pronto en este 2013 habrá que sacrificar todo en aras de conseguir la aprobación de las reformas acordadas, y el que se resista a ello pagará muy caro su mezquindad política. Es la hora del compromiso y no de las victorias locales contrarias al nuevo acuerdo nacional.
Analista político
