Con la misma perspectiva de su anterior informe, Ni seguridad, ni derechos, de noviembre de 2011, que investigó casos de tortura en Chihuahua, Baja California, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, ahora hace un seguimiento de desapariciones forzadas en los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Michoacán. La gravedad de la crisis abarca un universo de unos 60 mil muertos en el sexenio pasado. El informe de 2013 hace un seguimiento de 249 casos, de los cuales hay 149 en donde las evidencias son contundentes para afirmar que son desapariciones forzadas. Vale la pena indicar de qué se habla con este término, como lo indica HRW: “Privación de la libertad contra la voluntad de la persona; participación de agentes estatales, ya sea en forma directa o indirecta, mediante su autorización, colaboración o aquiescencia; y negativa a divulgar la suerte o el paradero de la persona en cuestión”. Se trata de la acción y la complicidad de las fuerzas de seguridad.

La narración que hace HRW de estas desapariciones es una película de terror, en donde la realidad supera por mucho a la ficción. Uno de los rasgos de mayor preocupación, a pesar de que no es ninguna novedad, es ver de qué forma integrantes de los cuerpos de seguridad, —Ejército, Marina, o corporación policiaca—, violentan la legalidad y los ciudadanos quedan en completa indefensión. Además de la acción ilegal y la falta de intervención de la autoridad, se culpabiliza a las víctimas y cuando se interviene hay negligencia, demora y errores. La investigación no existe y el clima de los agentes del ministerio público es la corrupción. Ya se sabe, pero leerlo en estas historias deja muy mal sabor de boca.

Las consecuencias de esta crisis son enormes. Los impactos psicológicos y económicos muestran familias rotas, madres que no superan el insomnio, esposas que han quedado viudas sin estar seguras de serlo, hijos que perdieron a su padre, y padres que no han vuelto a ver a sus hijos. El tiempo se acumula y no hay respuesta. México no estaba preparado para una crisis de esta naturaleza. Hay que rehacer desde los marcos legales para tipificar el delito de desaparición forzada; no hay instrumentos adecuados, leyes, bancos de datos, rutinas de investigación, para iniciar la batalla contra la colusión de intereses, la negligencia y la incapacidad. Hay que empezar a hacer el trabajo, integrar bien los expedientes, llevar adelante las investigaciones y darles seguimiento. El informe rescata la experiencia de Nuevo León como positiva. Además, la reciente Ley de víctimas abre posibilidades de protección a las víctimas que antes eran inimaginables.

Uno de los graves problemas del gobierno calderonista, además de su estrategia equivocada, fue su terquedad para negar las evidencias sobre desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos de la autoridad. En uno de los anexos del informe viene una carta de respuesta de HRW al anterior secretario de Gobernación, en donde se rebaten los argumentos falaces del gobierno y se afirma que la principal conclusión es que: “la guerra contra el narcotráfico (…) al no abordar los problemas de abuso e impunidad, ha exacerbado el clima de violencia, inseguridad y temor que prevale en numerosas regiones del país”. Sin duda, la vía más adecuada para desandar la pesadilla de los desaparecidos es acabar con la impunidad.

Esta crisis de desapariciones forzadas es una de las más pesadas herencias que tiene que enfrentar el actual gobierno de Peña Nieto. Es urgente no repetir los errores del calderonismo, lo cual implica una nueva estrategia de seguridad y respeto a los derechos humanos. Por lo pronto, ni siquiera se sabe cuántos desaparecidos hay. En este momento hay nuevas reglas, discursos y promesas de encontrarlos, pero desafortunadamente en México no basta con eso, hay que romper rutinas de ineficiencia, inercias de corrupción y hábitos de impunidad para dejar atrás el país de los desaparecidos.