Dado a conocer en el marco del octogésimo aniversario de fundada esa universidad y ante autoridades de los diferentes niveles de gobierno, el documento se ofrece al debate y parte, como lo dice en la presentación el doctor Jesús Áncer Rodríguez, rector de la universidad pública del estado, de “la insatisfacción de la mayor parte de la sociedad con el curso que ha llevado nuestro país en las últimas décadas…”.

Así, en el documento se reconoce la expresión social de los grandes problemas nacionales no resueltos y, al contrario, agravados desde hace tres décadas, por el modelo económico neoliberal –el Consenso de Washington y el TLCAN–; por políticas públicas desviadas del estado de bienestar, y la corrupción y la impunidad, “que han penetrado ampliamente las instituciones y el tejido social…”. El resultado de esta realidad no pudo ser otro que la desigualdad, la exclusión, el predominio de los privilegios extremos.

La riqueza sale de un mismo fondo y la desigualdad se torna intolerable cuando un individuo gana en un día más de 400 millones de pesos, mientras que millones de mexicanos se ven despojados de los recursos que no llegan a las arcas estatales destinados a darles cobertura, ni a su bolsillo, y que habrían podido servirles para no padecer hambre, enfermedades curables, carencia de educación y vivienda digna. Por lo mismo, ocho de cada 10 personas no tienen garantizado el respeto a sus derechos sociales, no cuentan con plena ciudadanía, sobre todo los indígenas, los niños, los adolescentes y los adultos mayores de 70 años.

“Nos encontramos aún –es una de las conclusiones– en un largo ciclo de transformación y crisis sistémica y estructural: económica, social, cultural, política y ambiental.”

En la parte denominada El sentido general de la propuesta se dice:Nuestra visión de futuro coincide con la de una nación que reforma y consolida su sistema democrático para superar la polarización social, garantizar la plena libertad ciudadana y producir un desarrollo incluyente y sustentable.

Las reformas visualizadas por los autores a quienes encabeza la investigadora Esthela Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Sustentable de la UANL, tendrían que realizarse desde la macroeconomía: las medidas monetaristas que se tomaron para controlar la inflación dejaron de tener razón desde 1996, pero se han seguido aplicando en perjuicio del ingreso básico de la mayoría, del crecimiento del mercado interno y, en fin, del desarrollo del país. Al comentar el documento, el economista Ciro Murayama señaló que la autonomía del Banco de México impide la reorientación de la economía para no continuar con los desastrosos lineamientos del Consenso de Washington. Aparte de los cambios hacendarios y en la banca central y comercial –omisa en su función crediticia y de hecho parasitaria– se requiere una regulación cambiaria y delos monopolios, oligopolios, así como las prácticas monopólicas de otros agentes económicos.

Desde la regulación estatal y la planeación, es preciso que el Estado recupere el poder y la legitimación necesarios para ser eficaz y creíble en sus funciones fiscales, de cobertura pública, de protección social y promoción del crecimiento, la productividad y el empleo.

La dilapidación del bono demográfico ha dejado a millones de jóvenes sin oportunidades de educación, empleo y acceso a la cultura. Por ello la visión a la que responde el objetivo fundamental es la de crear las condiciones para que el futuro, representado por los jóvenes, adquiera contornos de realidad. Y esas condiciones son las de dar cumplimiento cabal a los derechos sociales.

¿Quiénes podrían asumir e impulsar el acuerdo social así propuesto? Los autores señalan, en primer lugar, a los poderes públicos y en seguida a los partidos políticos, la ciudadanía social y los medios de comunicación. La acción concurrente de estos actores supone el compromiso de todos con una reforma política de gran calado y cuya centralidad democrática sea indudable. Murayama señaló uno de sus escollos indeseables: el hiperpresidencialismo excluyente de la pluralidad que requiere toda transformación y funcionamiento democráticos, así como la necesidad de caminar hacia un régimen con acento parlamentario para dar mayor representatividad al ejercicio de gobierno.

El problema de esa reforma es que toca los intereses de los mismos que debieran promoverla. Casi sin excepción hemos podido constatar no sólo su resistencia al espíritu que la podría animar, sino empujar en sentido opuesto. ¿Actuarían diferente los firmantes del Pacto por México al que elogia el documento? La esperanza de que así sea, según sus autores, reside en la intervención de la sociedad civil.

La Universidad Autónoma de Nuevo León, que se ha definido como una institución socialmente responsable, ha hecho un esfuerzo digno de emulación al entregar el documento que aquí he comentado. Su complemento indispensable será difundirlo intensamente y promover su discusión en muy diferentes foros.