La Maestra ha dirigido desde 1989 el sindicato más grande de América Latina y desde que se perfiló la candidatura de Vicente Fox, poco antes del 2000, empezó a jugar en “las grandes ligas de la política”. Se independizó de su progenitor, Carlos Salinas de Gortari, y le jugó a la oposición. Mantuvo el control sobre la política educativa y posiciones de poder como la Lotería Nacional, además del manejo discrecional de alrededor de 165 millones de pesos mensuales de cuotas sindicales. Con apoyo del gobierno panista logró crear su propio partido político, llevando al punto más alto su autonomía frente a los otros partidos, con su propia bancada en el Poder Legislativo. Los gobiernos panistas evitaron la confrontación con una figura tan poderosa, y sobre todo Calderón aceptó la humillación que le infringió Gordillo cuando reconoció en público el apoyo que le dio en la elección de 2006, y fue incapaz de reaccionar.
Con el desprestigio de los gobiernos panistas, La Maestra pretendió negociar su apoyo político con el PRI, e inclusive con la izquierda, para las elecciones presidenciales de 2012. Cuando se rompió la alianza para la candidatura de Peña, con toda eficiencia ella demostró su capacidad para conseguir un candidato relativamente exitoso, que logró más de 4% de la votación nacional. Su historia de poder hasta ahí había sido ejemplar, de líder sindical pasó a ejercer el poder político directamente, con una representación en el Senado y 10 diputados federales.
Pero el desprestigio en la opinión pública pesa, sobre todo cuando un gobierno como el de Peña Nieto está dispuesto a ejercer el poder presidencial “al viejo estilo” pero con nuevas estrategias: lograr alianzas con las diversas fuerzas políticas en torno a causas populares y aceptadas por todos, izquierda y derecha. En este contexto la reforma educativa ha sido una causa idónea para fortalecer (o restaurar) una Presidencia fuertemente deteriorada en 12 años de panismo.
La Maestra hasta puede tener razón al oponerse a la reforma educativa en el punto que vulnera los intereses de los trabajadores: el término “permanencia” usado en el texto de la ley puede implicar que el gremio de los maestros pierda algunos de sus derechos, algunos legítimos como la seguridad en el empleo, otros de dudosa procedencia como el derecho a “heredar, vender o alquilar” la plaza de maestro, o el monopolio de los egresados de escuelas normales sobre las plazas. Tampoco se ha cuestionado qué parte de la responsabilidad de este sistema de corrupción sindical corresponde al Ejecutivo y a los titulares de la SEP, dado que los favores políticos fueron la moneda de cambio que utilizó Gordillo cuando motivó la salida de Josefina Vázquez Mota de la SEP.
El encarcelamiento de La Maestra fue bien planeado por la PGR y hasta ahora exitoso, pero responde a la lógica del poder y no de la justicia. Oponerse a la reforma educativa es confrontarse con el Estado, representado por la Presidencia y la amplia mayoría del Congreso; y su encarcelamiento ha sido una decisión muy popular, porque a lo largo de los años y de exhibir su riqueza y su impunidad, Gordillo ha logrado convertirse en símbolo de corrupción e impunidad.
EPN fortalece su presidencia con este gran golpe político, gana popularidad y advierte a sus enemigos hasta dónde puede llegar una confrontación con su gobierno; será difícil que otros líderes sindicales o empresariales se opongan a las reformas energética, fiscal o de medios sin antes valorar las consecuencias. Pero es necesario analizar con cuidado los métodos y las estrategias para el ejercicio del poder de la actual presidencia, porque lo que queda muy claro en este caso es que la aplicación de la ley y la justicia no es lo que más importa, y quizás la deuda más importante de nuestro sistema político con la democracia es precisamente eso: la impunidad y el uso discrecional de la procuración y la impartición de la justicia.
