Cuando un gobierno o una facción del mismo utilizan los medios legales a su alcance para ejercer el poder sobre alguien al que consideran responsable de haber violado las normas establecidas por la ley, se dice que han realizado un golpe de Estado. Normalmente esto se atribuye a militares, quienes, al intentar desconocer el gobierno en turno invocan la ausencia de legalidad para sustituirlo por la fuerza. Pero un golpe de Estado es también la acción concertada desde la cúpula gobernante, para deshacerse de aquellos que de una u otra forma han violado los pactos políticos establecidos y al situarse fuera de la ley en función de delitos cometidos con anterioridad son despojados de la inmunidad legal con la que operaron durante largo tiempo.
La tolerancia a la ilegalidad quedó marcada desde aquella frase atribuida a Juárez: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, y fue convertida durante el régimen de la Revolución en el instrumento propio de gobernantes sexenales absolutos que permitieron los abusos de los amigos, y castigaron severamente a quienes definieron como enemigos. De hecho, la ley como tal no existió durante ese periodo. Con el arribo de la democracia a nuestro país el ejercicio del Estado de derecho se comenzó a delinear tenuemente, aunque aquellos poseedores de dinero y poder siguieron haciendo uso de sus recursos para moldear a su manera la interpretación de la ley.
En este escenario se produce la detención de Elba Esther Gordillo, de quien desde hace tiempo se presumía —como de la mayoría de los líderes sindicales— que su estilo de vida no coincidía con los ingresos que reportaba como dirigente magisterial. Es obvio que si la impecable investigación realizada en este caso por las autoridades hacendarias se hace extensiva a otros líderes gremiales, los resultados serían semejantes. A diferencia de lo ocurrido con La Quina en 1989, a quien se le “plantaron” armas y se le inventaron delitos para aprehenderlo, aquí las autoridades interesadas en acotar el poder de la maestra se encontraron con la soberbia de una lideresa convencida de su inmunidad frente a todo poder político.
Gordillo negoció y luego desafió a Fox y a Calderón. A este último lo obligó a retirar de la SEP a quien le había impuesto condiciones para reformar la educación: Josefina Vázquez Mota, quien pagó muy caro su resistencia ante el poder de Elba y las debilidades del presidente. Pero Elba no supo entender las señales del retorno del PRI a Los Pinos. La llegada de Chuayfett a la SEP, la reforma al tercero constitucional y el eventual retiro de los maestros que no cumpliesen los requerimientos básicos para enseñar. Ni siquiera el diálogo directo con su antiguo aliado, el presidente Peña Nieto, le sirvió para darse cuenta que la realidad había cambiado.
La detención de Gordillo es un golpe de Estado que define con claridad el estilo de gobernar de la nueva administración. La misma que firmó con el PAN y el PRD el Pacto por México, y que cedió en negociaciones políticas para alcanzar acuerdos de gran calado que cambien de una vez por todas la fisonomía económica del país. Es un gobierno que decidió enfrentar a un supuesto aliado convertido en opositor feroz a la reforma educativa, y lo hizo con el arma legal del combate a la corrupción en una figura que en su prepotencia supuso poder doblegar a otro presidente. Sólo el PRI puede desmontar al PRI, y fue eso lo que olvidó Elba, pensando en que su alejamiento del partido la ubicaba en un espacio elevado fuera del alcance de cualquier poder político. Se equivocó y hoy paga por ello.
Para el resto del sindicalismo corporativo y otros factores reales de poder, empezando por el petrolero en manos de Romero Deschamps, la señal es muy clara. Aquello que se pacte entre el Ejecutivo y el Congreso se llevará a cabo cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Al menos esa es la señal.
Analista político
