La ambiciosa agenda modernizadora prometida por Peña Nieto antes de ocupar el cargo apunta a algunos elefantes sagrados de México, además de incluir una reforma fiscal. Abrir al capital privado el monopolio petrolero y gasista estatal Pemex, aflojar el férreo control del magnate Carlos Slim sobre la industria de las telecomunicaciones o de la cadena Televisa en televisión figuran entre sus objetivos. Esos planes, enunciados por un presidente elegido con muchos menos votos de los previstos y acusado de ser una marioneta de algunos poderes fácticos —incluido el sindicato mafioso de Elba Gordillo— se han visto impulsados por la alianza forjada en diciembre entre el PRI, sin mayoria parlamentaria, y dos de los principales partidos opositores, el llamado Pacto por México. Su primera concreción es la nueva ley de educación que arrebata el control de una etapa crucial de la enseñanza al corrupto y medieval sindicato entre cuyas prácticas de décadas figuran la venta del empleo o su traspaso de padres a hijos.

Caso de que esté realmente dispuesto a ello, no le va a resultar fácil al presidente llegar hasta el final en su desafío reformista. Sus buenas intenciones pueden ser descarriladas por el poder tentacular, político y económico, acumulado por monopolios y caudillos sindicales del propio PRI, pero también, como en el caso de su predecesor, el conservador Felipe Calderón, por los gravísimos problemas de seguridad que padece México. En este terreno, Peña Nieto tiene como primer e impostergable reto el de aclarar la suerte de los centenares de desaparecidos —seguramente miles— a manos de las fuerzas de seguridad entre 2006 y 2012. Esos crímenes impunes deben ser asignatura primordial de su Gobierno.