El Congreso dio el martes pasado el primer paso para despenalizar la eutanasia. Si nada lo impide, España habrá zanjado en solo cinco meses uno de los dilemas éticos más enrevesados a los que se puede enfrentar una sociedad. A partir de junio morir -cuando haya un sufrimiento psíquico o físico insoportable- será un derecho ciudadano y una prestación sanitaria, como si fuera un tratamiento médico más. Todo se decidirá en el Parlamento, previsiblemente sin discusión pública, y sin dar la misma prioridad a los cuidados de los enfermos crónicos. ¿Era más urgente tramitar la ley de eutanasia que mejorar la atención de los enfermos crónicos o acelerar las ayudas de la dependencia? ¿Puede elegir un enfermo en libertad cuando sus necesidades no están cubiertas? ABC traslada el debate a pacientes y sociedades científicas implicadas a las que hasta ahora no se ha dado voz.

«Más de 80.000 personas necesitan cuidados al final de la vida y no tienen acceso a recursos específicos. Hay situaciones muy graves que no se están atendiendo», defiende con datos Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Aunque a él le bastaría con tirar de su experiencia para argumentar por qué muchos enfermos no viven con dignidad. El mapa de los cuidados paliativos es una foto de la desigualdad en España. La sanidad española es una joya que cojea con los enfermos crónicos y los casos en los que la Medicina ha tirado la toalla. En los hospitales faltan recursos y sanitarios formados, pero también se necesita una mejor asistencia en el domicilio y una atención primaria reforzada que pueda ofertar más de diez minutos a unos pacientes que no son como los demás.

El presidente de cuidados paliativos prefiere no valorar si es oportuna una ley de la eutanasia. Es consciente de que hay personas que solo desean morir, pero no duda en reclamar la misma sensibilidad política para atender a quien desea seguir viviendo. «Yo no veo en mis enfermos que quieran morir, lo que quieren es no sufrir».

Clamor sordo

La Organización Médica Colegial, el organismo que agrupa a todos los colegios médicos de España, reclama en la misma línea una estrategia nacional de atención a los enfermos al final de la vida. No es una petición nueva. Llevan años haciéndola para evitar que la eutanasia se convirtiera en la única alternativa. El presidente de la OMC, Serafín Romero, también respeta a quien defiende la despenalización de la muerte asistida como hace la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Aunque la urgencia es otra, dice. «Existe un clamor, apagado, pero reconocido por todos, de que con las ayudas actuales un enfermo terminal o aquejado por una enfermedad degenerativa o un accidente no puede llevar una vida digna. Las ayudas llegan demasiado tarde y los enfermos sobreviven por el apoyo familiar», apunta Romero, quien recuerda que son las familias con menos recursos las que más sufren esa sobrecarga.

Sufrimientos psíquicos tratables

La ley que se tramita en el Congreso para despenalizar el suicidio asistido tiene mil aristas. Uno de ellos es cómo se definirá el sufrimiento psíquico insoportable. «Detrás del 90 por ciento de los casos en los que se nos plantea un deseo de morir, existe un trastorno de salud mental que es temporal y tratable. En Holanda hemos visto casos de personas con depresiones tratables a las que se les ha aceptado un suicidio asistido», indica Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Sabemos también que hay personas con sufrimiento físico que están sumidos en una depresión. «Para que la valoración de cada caso sea rigurosa debería haber un psiquiatra capaz de hacer un diagnóstico diferencial. Así se podrá descartar que el deseo de morir sea la expresión de un trastorno mental», reclama Arango.

El Comité de Bioética se posicionará

La futura ley de eutanasia se tramita de forma exprés como un proyecto de ley, una fórmula en la que no es preceptivo someterse al escrutinio de organismos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Comité de Bioética. Federico Montalvo, presidente de este comité, confía en que finalmente se les consulte. «Sería insólito que se aprobara la mayor ley de impacto bioético, junto al aborto -donde sí se consultó-, sin el dictamen de este comité». Los Gobiernos de Alemania, Italia o Suecia ya se han pronunciado en sus países. Haya o no solicitud del Congreso, el Comité de Bioética ya ha acordado pronunciarse.

Este organismo aún no tiene una posición acordada. A título personal, su presidente Federico Montalvo, sí la manifiesta a ABC, «como profesor de derecho constitucional». Cree que una tramitación urgente sin debate social de un dilema ético tan complicado «solo puede dar lugar a una solución pobre». El de la eutanasia, insiste Montalvo, «no es un debate político en modo alguno; es social, ético y jurídico».

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