Jovana vivía desde hace ocho meses en este lugar junto a sus dos hijos a los que "no se les ve por aquí desde hace días", según confesó el casero, quien también aportó dos posibles direcciones donde podrían haberse escondido. De Miguel Eduardo solo se sabe que conducía una moto-taxi y que, igual que un tercer individuo que aún no ha sido identificado, está involucrado directa o indirectamente en el asesinato de la menor.

Curiosamente, los hijos de Jovana iban a la misma escuela que Fátima, ubicada a tan solo 10 minutos del abandonado domicilio familiar. Según han denunciado varios vecinos, la madre de Fátima y su presunta asesina se conocían y habían tenido alguna disputa personal. Solo así se explica que los profesores del colegio entregaran a Fátima en manos de Jovana el día de su desaparición. Esta fue el primer error de una cadena de negligencias que mantiene a 12 funcionarios investigados por la Fiscalía de la Ciudad de México.

El rostro de Jovana aparece hoy estampado en carteles por toda la ciudad anunciando una recompensa de unos 100.000 euros a quien ofrezca pistas que ayuden a encontrarla. La familia de Fátima ya ha velado el cadáver de la menor, encontrado el pasado sábado desnudo, con evidentes signos de tortura y envuelto en una bolsa de plástico. La necropsia posterior ha confirmado que también fue víctima de abusos sexuales.

La brutalidad del caso ha golpeado profundamente a la sociedad mexicana que exige al gobierno medidas urgentes y contundentes para frenar la violencia contra las mujeres en el país. Los movimientos feministas llevan tres días llevando su indignación frente a las puertas del Palacio Nacional donde López Obrador elude, por el momento, responsabilidades sobre la crisis social abierta.

El funeral de Fátima, con una fotografía de la pequeña.
El funeral de Fátima, con una fotografía de la pequeña.EDGARD GARRIDOREUTERS

Cuestionado por el origen de casos como el de Fátima, el presidente culpó al modelo neoliberal: "Tiene que ver con odio, crímenes que tienen que ver con problemas sociales, problemas familiares, es una enfermedad social. Se miden los homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo el modelo neoliberal".

Este miércoles, después de varios meses de debate, la Cámara de Diputados ha aprobado, con 415 votos a favor y uno en contra, elevar las penas máximas por feminicidios (como se conoce en México a los asesinatos machistas) de 60 a 65 años de condena. El trámite aún debe ser validado por el Senado, pero lo cierto es que esta medida sabe a poco en un país donde cada día, de media, 10 mujeres son asesinadas.

Dos días antes de que desapareciera Fátima, el brutal homicidio de otra mujer en la capital sirvió para encender todas las alertas. El caso de Ingrid Escamilla aglutina buena parte de los vicios de una sociedad que empieza a reaccionar impulsada por los colectivos feministas. Siete meses antes de su muerte, Escamilla denunció a su pareja (20 años mayor que ella) por malos tratos ante la Fiscalía de los Juzgados de lo Familiar, aunque finalmente la causa fue archivada ya que la joven de 25 años abandonó el proceso legal para darle una nueva oportunidad a la relación.

Finalmente Erik la mató y, en un intento por deshacerse de pruebas, descuartizó el cadáver. Lo hizo todo frente a los ojos de su hijo de 14 años que padece autismo. Las denuncias de los vecinos permitieron que la policía detuviera al asesino infraganti con el cuerpo ensangrentado y los restos de Ingrid en el salón.

Pocos minutos después de la detención, las fotografías del cadáver descuartizado tomadas por la policía se filtraron a la prensa. Como ya viene siendo habitual, los periódicos sensacionalistas abrieron su portada con estas escabrosas imágenes que vulneran por completo el respeto a las víctimas y sus familiares.

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