Familias venezolanas de migrantes desaparecidos en naufragios temen a la trata de personas

Johnny Matey se despidió de su hija a las 15.00 de la tarde del 23 de abril de 2019. A esa hora, Yodervys, de 22 años, que no tenía cómo ganarse la vida en Güiria, uno de los puntos más extremos al oriente de Venezuela, tomó una embarcación para emigrar en busca de mejores condiciones de vida, como ya lo han hecho más de 4,8 millones de venezolanos en los últimos años, según los datos de Naciones Unidas. “Ella estaba recién graduada y no tenía qué hacer, su esposo tenía un año trabajando en Trinidad y Tobago, ya estaba estabilizado y le dijo que se fuera”, contó su padre.

Acordaron la salida con uno de los lancheros que regularmente cubre ese peligroso trayecto marítimo de 90 kilómetros, un conocido de ese pueblo despoblado donde todos se conocen. La joven pagó los 300 dólares que costaba el viaje una vez comenzara a trabajar en su nuevo destino. Parecía sencillo. Pese a las visas y controles más de 40.000 venezolanos viven ahora en Trinidad y Tobago. En tres horas debía tocar orilla en el otro país. El barco llamado Yonaily José salió, pero Yodervys y las 31 personas que la acompañaban no llegaron. Solo el capitán de la lancha se salvó de lo que aseguró se trató de un hundimiento, estuvo en un hospital y luego se fugó, aseguran los familiares. “No apareció ni un cuerpo, ni un salvavidas, ni un maletín, después de semanas y semanas de búsqueda. Por las características de la desaparición todo indica que es trata de personas”, dice Matey frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, a donde llegó luego de reunir, siendo desempleado, los bolívares en efectivo para pagar un viaje de más de 10 horas en autobús.

 

Es la segunda visita a Caracas que Matey ha hecho en 10 meses para exigir avances en la investigación. A este viaje a la capital se han sumado los familiares de otro grupo de personas desaparecidas en posteriores naufragios. Los de la lancha Ana María, que partió de Güiria casi un mes después de la primera que desapareció y de otra que el 7 de junio de 2019 salió rumbo a Curazao desde las costas de Falcón, al otro extremo de la costa venezolana, y de la que tampoco hay rastros.

Ahora, constituidos en un comité de familiares de desaparecidos, pelean por visibilizar la trata de personas en el contexto de crisis humanitaria que vive Venezuela. “Sepan que nuestras familias están desapareciendo, hay desapariciones forzadas en este país porque el hambre está forzando a nuestros hijos a irse en esas condiciones. Esto no es política, es hambre”, dijo Johnny Romero, un docente jubilado que ahora se dedica pelear por respuestas para estas 80 familias. “A un muerto lo entierras, pero a un desaparecido lo lloras siempre”. Insisten en la búsqueda, en que se hagan notificaciones en Interpol y en que la justicia venezolana y los países involucrados colaboren en su causa.

El hijo de Romero tenía tres años trabajando como barbero en Bogotá. Regresó al país para regularizar los permisos de estadía en Colombia que se le habían vencido. Unos amigos lo convencieron de que en Curazao podría hacer más dinero y tomó la lancha en la que iban 33 personas más. Su padre ha ido mes a mes a Caracas a ver el expediente del caso por el que han pasado cuatro fiscales. En ocho meses, dice, nada ha cambiado. Están las mismas 300 páginas iniciales. Y los zarpes ilegales de lanchas también siguen ocurriendo.

“En el caso de Falcón hay un comando naval a pocos minutos del muelle y cada semana sigue saliendo gente de nuestras costas a arriesgar su vida. Eso es inconcebible”, declaró a los medios que intentaban cubrir la protesta de las familias, mientras un desfile de carnaval, con bandas musicales y carrozas, atravesaba la avenida frente al despacho de Justicia. El grupo exigía ser recibido por el fiscal designado por la Asamblea Constituyente Tarek William Saab, que en ese momento hablaba en televisión sobre la aerolínea TAP, suspendida tras haber traído a Juan Guaidó al país hace una semana, que ahora asegura estaría involucrada en una red de tráfico de drogas. Al final, los familiares de los desaparecidos hablaron con otro funcionario.

Caribe mortal

Pese a los controles que han impuesto en la región desde el año pasado, la grave crisis económica y social que atraviesa el país petrolero sigue forzando a cientos de venezolanos a salir, aun por caminos irregulares. Frankennedy Hernández, de 23 años, tampoco tenía trabajo en Güiria. Aunque su mamá, Migledys Díaz, le dijo que no se fuera lo hizo. Sabía que el viaje implicaba navegar de noche y entrar escondidos a la isla holandesa en la que ya se han ido 26.000 venezolanos. Pagó el viaje con dos electrodomésticos. Sara Mora, de 59 años, quedó a cargo de los cinco hijos de Jesús Antonio, su hijo, que viajó a Curazao con un tío para hacer dinero y volver, algo que ya había hecho antes. “Él es mecánico, pero acá lo que ganaba al día eran 50.000 bolívares diarios (menos de un dólar)”.

La trata de mujeres para la prostitución es una sospecha que les angustia, pero a la vez es un indicio de que pueden estar vivos. La hija de Eucaris Alcalá le dejó una carta y a su bebé de tres años. Con 18 años, se fue a hacer dinero en Trinidad. “Ella me dice en la carta que al llegar me llamaría y eso no ha pasado, por eso yo creo que está viva, pero que cayó en una red de trata”. La hermana de Yeison Gutiérrez se fue en el mismo barco con una promesa de mejor vida. Dejó su familia en los Andes (al occidente del país), sus estudios universitarios en Psicología y aceptó la oferta de una amiga que estaba en el otro país para trabajar como camarera o mesonera en un resort. “Ella salió de Táchira, nos avisó cuando llegó y dijo que la llevaron a un hotel donde no la dejaban salir. Luego nos avisó que se montó en el barco y pudimos rastrearla por el GPS del teléfono hasta Macuro, donde hicieron una parada y no supimos más”. La familia contactó a la amiga en Trinidad que en un momento les dijo había muerto, luego que estaba viva y la lancha se había desviado, y luego dejó de responder a los familiares.

Al cierre de 2019, la Organización Internacional para las Migraciones hizo una alerta sobre el aumento de las muertes ocurridas en las rutas migratorias de todo el mundo. En los pasos de Centro y Sudamérica y el Caribe se tuvo registro de 634 personas muertas, la cifra más alta en seis años. Solo al Caribe corresponden 154 casos, un considerable aumento si se compara con las 28 contabilizadas en 2018, que Joel Millman, portavoz de la organización, atribuyó al desesperado éxodo desde Venezuela.

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