Tiene apenas 12 años pero hace unas semanas sufrió el desgarro de la mutilación genital femenina, una práctica común todavía entre musulmanes y cristianos egipcios a pesar de arrastrar una década de prohibición. Su caso ha terminado en los tribunales después de una fuerte hemorragia y ha obligado a una de las principales autoridades musulmanas del país a promulgar una fatua (edicto religioso) que la declara como una intervención no islámica en respuesta a algunos clérigos que la consideran "una necesidad".

"La fiscalía general de Egipto ha abierto una investigación al doctor que supuestamente realizó la mutilación general a la niña en la provincia de Sohag [a unos 400 kilómetros al sur de El Cairo]", confirma a EL MUNDO Suad Abu Dayyeh, investigadora de la organización Equality Now. La menor tuvo que ser atendida de urgencia en un hospital tras sufrir una hemorragia. Una decena de organizaciones locales han presentado una demanda en los tribunales exigiendo el inicio del ajuste de cuentas.

La alarma ha llegado hasta las autoridades religiosas. El Dar el Ifta -un organismo oficial responsable de publicar edictos religiosos- ha indicado públicamente que la ablación no está mencionada en la legislación islámica y que se trata de "un deber religioso" erradicarla por "su impacto negativo en el bienestar físico y psíquico" de la población femenina.

"Esta práctica no tiene origen religioso. Procede de tradiciones y costumbres heredadas. La mayor prueba de que no es una obligación para las mujeres es que el profeta Mahoma no circuncidó a sus hijas", arguye el comunicado de la organización en respuesta a las fatuas (edictos religiosos) difundidos por algunos miembros de la Universidad de Al Azhar, con sede en El Cairo, defendiendo que la mutilación es una necesidad religiosa basada presuntamente en "hadices" (dichos y hechos del profeta).

A juicio de la entidad, la ablación ha sido practicada durante siglos por algunas tribus árabes "conforme a unas circunstancias que han cambiado". Dar el Ifta presenta como razones "la investigación científica de organizaciones de salud internacionales y acreditadas instituciones médicas que demuestran las consecuencias negativas de la mutilación" y alerta contra quienes promulgan edictos sin tener conocimientos médicos o religiosos. "Prohibir esta práctica es la decisión más adecuada y consecuente con la sharia (legislación islámica)", agrega la nota.

Egipto encabeza la clasificación mundial de población sometida a ablación por delante de Etiopía, Nigeria o Indonesia. Una de cada cinco mutiladas reside en la tierra de los faraones, según Unicef. En total, 27,2 millones de mujeres mantienen fresco el recuerdo de la jornada en el que se convirtieron en víctimas. La sensibilización ha comenzado a cosechar sus frutos. Según datos estatales, el 92,3 por ciento de las egipcias casadas con edades comprendidas entre 15 y 49 años ha sufrido la práctica. La encuesta de demografía y salud de 2014 muestra una caída en la prevalencia entre los 15 y 17 años de edad del 13 por ciento respecto a la de 2008.

La práctica está más extendida en las zonas rurales, donde -según un estudio del ministerio de Salud- el 96 por ciento de las menores de edad ha sufrido la ablación frente al 85 por ciento de las zonas urbanas. A pesar de la prohibición y las campañas educativas, aún existen muchas voces que siguen justificando la práctica. En 2016 el médico Ahmed el Tahawi, por aquel entonces miembro del comité de Sanidad del Parlamento egipcio, defendió la necesidad de la ablación. El diputado aseveró: "cuando dejamos a la mujer sin circuncisión, esa zona de su cuerpo se contamina además de causar un estado no deseado de excitación sexual que podría originar graves problemas".

Los valedores de la mutilación -que, entre los países musulmanes de la región, solo está arraigada en Egipto y Sudán- aseguran que se trata de una practica religiosa que reduce la libido de las mujeres, preserva su virginidad hasta el matrimonio y elimina cualquier tentación de adulterio. Dar al Ifta subraya que la ablación sigue vigente "como normal social en las zonas rurales y más empobrecidas" del país. "En el islam proteger el cuerpo de cualquier daño es un deber. Si los padres consienten que sus hijas se sometan a esta horrenda cirugía, deberían ser castigados", asevera el organismo.

"Es bueno que se siga recalcando que no se trata de una exigencia religiosa. La práctica aún está en vigor y es llevada a cabo por quienes deberían cuidar de la población como médicos y enfermeras", indica Abu Dayyeh, empeñada en llevar ante la justicia a los facultativos que la realizan en la clandestinidad de clínicas privadas o viviendas particulares, en terribles condiciones higiénicas.

Una realidad que hace dos años llevó al Gobierno a endurecer la ley aprobada en 2008 multiplicando las penas de cárcel por efectuar la ablación. La norma elevó el castigo, de los entre tres meses y dos años de prisión previos a los entre cinco y siete años. Una de las últimas tragedias que impulsaron la reforma legislativa se produjo en 2013 cuando Soheir, una niña de 13 años perdió la vida tras someterse a la ablación. Por primera vez desde la prohibición, el doctor fue juzgado y condenado a dos años y tres meses de prisión.

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