El Tribunal Supremo ha condenado a España por incumplir con su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados procedentes de Italia y Grecia acordadas por la Unión Europea en 2015. Es la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a su país por no cumplir con sus obligaciones de reubicación de refugiados. Las decisiones comunitarias que incumplió España, por las que se le asignó un cupo de 19.449 personas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2017 de las que solo tramitó el 12,85% de solicitudes, eran “vinculantes y obligatorias”, advierte el Supremo, que insta al Gobierno a continuar con la tramitación en los términos en los que se previó “y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo se adopten”. 

El incumplimiento del acuerdo para tramitar la acogida de refugiados fue del Gobierno de Mariano Rajoy, pero ahora será el de Pedro Sánchez el que tenga que cumplirlo. El Supremo ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociació de Suport a Stop Mare Nostrum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la petición formulada por esta asociación el 21 de abril de 2017 ante el anterior Gobierno. La organización pedía que se declarase que España había incumplido las obligaciones acordadas por la UE. El abogado del Estado se opuso a la solicitud y alegó que España estaba realizando las gestiones necesarias para reclamar y reubicar a los refugiados, pero que el procedimiento era lento. Además, pidió que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si los tribunales nacionales pueden controlar el cumplimiento de las decisiones de emergencia europeas.

La Sala rechaza presentar esta petición ante el TJUE y entiende que tiene competencia para controlar la actividad del Gobierno derivada de los acuerdos europeos. El tribunal explica que la Comisión Europea tiene amplio margen de discrecionalidad sobre si llevar o no el asunto ante el Tribunal de Justicia, pero como no ha iniciado ningún procedimiento frente a España, el Tribunal Supremo puede examinar el caso.

Sobre el fondo del asunto, el incumplimiento del cupo de solicitudes de asilo que se le asignaron, la Sala recuerda que España se comprometió a tramitar 13.086 solicitudes provenientes de Grecia y 6.383 de Italia. Advierte de que a pesar de que se preveía expresamente la posibilidad de que los Estados miembros solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, el Estado español decidió no acogerse a tal posibilidad, pero no tramitó ni el 13% de las peticiones que le correspondía, según los datos del informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

De este informe se desprende, añaden los jueces, que a fecha de 4 de marzo de 2018, seis meses después de finalizar el plazo previsto por la UE, de las 19.449 plazas que el Estado español estaba obligado a ofertar -y a reubicar- únicamente había ofertado 2500 (1875 de Grecia y 625 de Italia); el 12,85 % del total. Igualmente, indica la Sala, el informe de la OAR aportado por el Ministerio del Interior reconoce que, a fecha de 22 de marzo de 2018, el estado español sólo ha reubicado a 235 personas desde Italia y a 1124 desde Grecia; una cuota de cumplimiento inferior al 7%.

No obstante, el tribunal admite que el Gobierno español ha realizado peticiones a Grecia e Italia que "no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las Decisiones exigen para un adecuado logro de sus objetivos".

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