Ante la obstinación del gobierno federal de mantener un salario mínimo inferior a la línea de bienestar –lo que viola el artículo 123 de la Constitución–, un grupo de 69 organizaciones interpuso hoy una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo que este organismo emita una recomendación al Estado mexicano.

México, la doceava economía mundial y segunda en América Latina, después de Brasil, impone a sus trabajadores el tercer salario mínimo más bajo de la región –88 pesos diarios, equivalentes a 4.67 dólares–, incluso por debajo de Guatemala, Honduras o El Salvador, y apenas 50 centavos de dólar diario superior al de Nicaragua. 

Además, en los últimos 40 años el poder adquisitivo de este salario se redujo en un 71% –lo que condena la población vulnerable a permanecer en la pobreza–, y México figura en el segundo lugar de los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entregó a la CIDH el caso de “Luz”, una ciudadana mexicana, trabajadora de un restaurante de la Ciudad de México y madre de dos hijos, quien interpuso un amparo indirecto el 16 de febrero de 2016 por considerar que el salario mínimo –entonces de 73 pesos diarios– violaba sus derechos fundamentales: restando los costos de transporte público, le quedaban 43 pesos para vivir cada día. 

El 20 de junio de 2016, el caso de “Luz” llegó ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –presidida por Eduardo Medina Mora–, la cual negó el amparo a la mujer el pasado 31 de mayo.

La queja enviada hoy a la CIDH afirma que, al determinar un salario mínimo inferior a la línea de bienestar, el Estado mexicano viola por lo menos 14 compromisos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En conferencia de prensa, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza explicó que, en lo inmediato, el colectivo exige que el gobierno suba el salario mínimo a 95 pesos diario –empataría con la línea de bienestar–, pero pide que después haya un incremento gradual del mismo, y que desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para sustituirla por una instancia “democrática”.

La Conasami, conformado por tecnócratas, representantes de los sectores sindicales afines al PRI y de las empresas más grandes del país –entre ellas CocaCola-FEMSA, Kimberley Clark, Banamex o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)–, se reúne cada año y establece un salario mínimo inferior a la línea de pobreza.

Basilio González Núñez, su presidente desde 1991 –fue nombrado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari–, tiene un ingreso de 173 mil pesos mensuales, equivalente a 63 salarios mínimos.

Gómez Hermosillo tachó de “típico fantasma” el argumento de que un incremento del salario mínimo incrementaría la tasa de inflación: citando estudios de economistas, sostuvo que el salario está “tan bajo” que su incremento no tendría ningún impacto en los precios.

“El Banco de México está tratando de mantenerlos así para compensar las incapacidades de la economía mexicana”, deploró, e insistió en que un salario mínimo superior a la línea de bienestar es un “derecho inscrito en la Constitución”.

El experto añadió que “lo más urgente es implementar una política laboral que no genere pobreza”, lo cual pasaría por abandonar el modelo negocios “basado en la explotación del trabajo”.

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