El pasado 22 de enero, cuando regresaba de su viaje por Chile y Perú, al Papa Francisco se le hizo una pregunta que reflejó la inquietud que genera el que la comisión antipederastia del Vaticano, que encabezaba Sean O’Malley –el cardenal que criticó al pontífice por su defensa del obispo Juan Barros, acusado de encubrir a un pederasta– todavía no ha sido renovada. 

“Hay personas que se preguntan si esto es una señal de que la protección de los menores no es una prioridad”, le dijo una periodista al Papa durante una de las conferencias de prensa que son habituales en los vuelos papales.

“No crean que no la vamos a hacer… son los tiempos normales”, respondió él, enfrentándose así a otra tormenta relacionada con los casos de pederastia en la Iglesia.

Desde su elección en 2013 como jefe de la Iglesia católica, Francisco se ha resistido a que la institución se hunda por los escándalos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y anunció “tolerancia cero” con este asunto. Expresión de ello fue, entre otras medidas, la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada por el Papa el 22 de marzo de 2014 y cuyos trabajos, destinados a poner al día las normas antipederastia dictadas en su momento por Benedicto XVI, empezaron al año siguiente.

No obstante, el mandato de la Comisión caducó en diciembre y desde entonces sus trabajos están paralizados, algo que ha suscitado preocupación entre los defensores de las víctimas de los abusos de sacerdotes.

El primer traspié se produjo ya en febrero de 2016, cuando Peter Sanders, activista antipederastia –y víctima de un cura abusador–, fue apartado del organismo, después de lanzar un duro ataque contra el cardenal australiano George Pell.

Según Sanders, Pell –entonces prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano– había presentado una serie de certificados médicos para evitar acudir ante la Comisión.

“Está engañando –dijo Sanders– a la Comisión, al Papa y a las víctimas.”

Pell siguió en el cargo, pero pocos meses. En junio de 2016, en otra conferencia de prensa, el Vaticano anunció que Francisco había decidido que el australiano abandonara su cargo, para volver a su país y defenderse allí de la acusación de haber cometido abusos sexuales.

Pero la renovada calma duró poco más de un año. En marzo de 2017, Marie Collins, otra víctima y también miembro del organismo, anunció que renunciaba a su puesto. En su mensaje de despedida explicó que su decisión se debía a la falta de colaboración que ella y sus colegas padecían por parte de los dicasterios de la Curia romana, en particular del “mayormente involucrado al tratar los casos de abusos”, dijo, en referencia a la Congregación de la Doctrina de la Fe.

El caso disparó las alarmas sobre la Comisión, cuya labor, de acuerdo con un integrante de la misma consultado por Proceso, “siempre ha sido muy complicada (… ) Prueba de ello es que todavía hay cinco conferencias episcopales de África que no han presentado las líneas guía”, refiriéndose a los protocolos antipederastia que el Vaticano pidió a las Iglesias locales durante el papado de Benedicto XVI.

Además, la Comisión –que es un órgano de carácter consultivo, pero cuyos trabajos sirven para que otras instancias adopten eventuales medidas jurídicas– todavía no ha encontrado una solución definitiva a la cuestión de los consagrados (no religiosos) y laicos que trabajan en instituciones católicas y cometen abusos.

No todo, sin embargo, han sido derrotas para la Comisión para la Tutela de los Menores. En junio de 2016 Francisco aprobó una propuesta hecha un año antes por el organismo. Según la misma, todo obispo, jerarca o superior gravemente negligente en el cumplimiento de su deber, legítimamente puede ser removido de su puesto.

La medida, de acuerdo con fuentes internas del organismo consultadas por la reportera, ya ha sido aplicada contra algunos obispos de África y Asia que se habían negado a denunciar casos de abusos.

Caso Barros

No obstante, la primera gran crisis de Francisco por los casos de pederastia clerical volvió a poner los reflectores sobre este organismo.

Empezó el pasado 18 de enero cuando, respondiendo a un periodista que lo interrogaba sobre la presencia –en los actos papales– del obispo de Osorno, Chile, Francisco contestó: “El día que presenten una prueba contra el obispo Barros hablaré. No hay ninguna. Todo es calumnia. ¿Queda claro?”

Desde entonces un alud de críticas ha caído sobre el Papa, en particular en Chile, donde Barros es acusado de haber encubierto a Fernando Karadima. Éste, conocido sacerdote de Santiago de Chile, fue finalmente hallado culpable de abusos en 2011 y suspendido de por vida.

“Pedimos al Papa Francisco que reconsidere urgentemente su apoyo al obispo Juan Barros, por el bien de toda la Iglesia”, pidieron el pasado 24 de enero la organización católica progresista Somos Iglesia Internacional y la Red Europea Iglesia por la Libertad.

“La protesta eclesiástica de los cristianos de Osorno” es “legítima” y “los supervivientes del abuso de Karadima, a quienes el Papa Francisco se negó a ver, han sido confirmados como creíbles”, añadieron.

La crítica más feroz vino, sin embargo, de O’Malley, quien condenó la defensa papal de Juan Barros, cuyas andanzas han traído el descrédito y la división de la Iglesia chilena.

“Es comprensible que las declaraciones del Papa Francisco sean una fuente de gran dolor para los sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por el clero o cualquier otro perpetrador”, criticó O’Malley. Se trata de “palabras que transmiten el mensaje: ‘Si no pueden probar sus afirmaciones, entonces no se les creerá’” y que “relegan a los sobrevivientes al exilio desacreditado”, añadió el purpurado estadunidense.

O’Malley también aclaró que desconocía la razón por la cual Francisco “ha usado las palabras específicas que usó”, en su intervención sobre Barros. “Lo que sé es que reconoce plenamente los grandes fallos de la Iglesia y del clero que ha abusado de niños, generando un impacto devastador en los sobrevivientes y en sus seres queridos”, matizó el prelado, al que algunos incluso llaman ‘el Bergoglio estadunidense’, por su cercanía con el Papa.

Con todo, la intervención de O’Malley echó más gasolina al fuego.

José Andrés Murillo, presidente de la chilena Fundación para la Confianza, criticó a Francisco por reunirse con Barros y no con quienes acusan al prelado de haber encubierto abusos.

Una víctima de Karadima le dijo al estadunidense National Catholic Reporter que las palabras del Papa han ido “en la dirección opuesta” de la reunión entre Francisco y los obispos chilenos del 16 de enero.

O’Malley, que hizo su reproche en un comunicado público divulgado el 20 de enero, no es cualquier cardenal: desde los noventa se ocupa de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Se encargó de la diócesis de Boston y de la visita apostólica a Irlanda, dos de los lugares más golpeados por los escándalos de los abusos sexuales de clérigos. También integra el llamado C9, el consejo de nueve cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia romana, y desde 2014 hasta el pasado diciembre fue presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores.

“Se cometieron errores hasta el último momento, también cuando el Papa estuvo en Chile”, escribió Il Sismografo, página de información que no figura entre las voces oficiales vaticanas pero se considera estrechamente vinculada con las corrientes internas del Vaticano.

“Parece que (el Papa) no tuvo la posibilidad de evaluar profundamente lo que está ocurriendo fuera y dentro de ese país (…) No está en juego sólo la Iglesia chilena, sino toda la Iglesia”, añadió.

El problema está en que “al final también Francisco ha tropezado con el escándalo de los abusos, como ya ha pasado con sus antecesores”, comenta a Proceso el vaticanista Francesco Peloso.

La equivocación la cometió “allí donde siempre se encalla la Iglesia sobre el escándalo de la pederastia: también él ha puesto la institución por delante de las víctimas”, añade.

“Fue un error político fuerte. Por eso entiendo que la reacción haya sido igualmente contundente”, declara a este semanario el vaticanólogo Iacopo Scaramuzzi.

Marcha atrás

En estas circunstancias, al regreso de su viaje por América Latina, personas del entorno de Francisco le pidieron revisar su posición sobre Barros. Al parecer al Papa “le llegaron algunas informaciones” y por eso “ha decidido que es mejor profundizar” sobre el caso, escribió el vaticanista Andrea Tornielli.

El 30 de enero tomó una decisión inesperada: designó “enviado especial” al arzobispo maltés Charles J. Scicluna, quien viajará a Chile con la misión de escuchar a los acusadores de Barros, informó la Santa Sede en un comunicado.

Scicluna investigó a los Legionarios de Cristo de México y fue durante años promotor de Justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora preside el Colegio para el Examen de los Recursos sobre los llamados Delitos Graves (como los abusos clericales, según la ley católica) ante ese mismo organismo.

La decisión papal fue festejada por Marie Collins, quien también tuvo el expediente de Barros sobre su mesa antes de presentar su renuncia a la Comisión para la Tutela de los Menores. “Es una pena que el Papa no haya tomado esta decisión antes de hacer sus comentarios”, escribió Collins.

“Sin embargo, es positivo que haya vuelto a tomar cartas en el asunto y haya dado este paso”, explicó. “El obispo Scicluna posee una buena experiencia en investigar estos casos y seguramente podrá llevar adelante un buen trabajo”, añadió en referencia a las múltiples misiones que Scicluna ha cumplido en varios países, entre ellas la realizada junto con el sacerdote mexicano Pedro Miguel Funes Díaz, en abril de 2005, en México, país al que ambos acudieron para recoger los testimonios de las víctimas y acusadores de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, como contó el prelado mexicano a Proceso.

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