Tras consumar la limpieza étnica del 90% de la comunidad rohingya, el Ejército birmano concentra sus esfuerzos en modificar la topografía del estado de Rakhine, donde tuvieron lugar las 'operaciones de limpieza' contra esta minoría musulmana, allanando las antiguas aldeas, apropiándose de los terrenos y construyendo en su lugar carreteras y bases militares, según denuncia Amnistía Internacional.

En un informe publicado hoy bajo el título 'Rehaciendo el Estado de Rakhine', la ONG analiza imágenes vía satélite que muestran cómo las fuerzas armadas birmanas han procedido a la demolición de los restos de los poblados, incendiados en las operaciones militares que comenzaron a finales del pasado agosto, para construir nuevas carreteras y estructuras que impiden, de facto, un eventual regreso de los refugiados a sus tierras de origen, un paso al que se había comprometido el Gobierno de Naypyidaw en un acuerdo firmado el pasado noviembre. 

"Lo que estamos viendo en el estado de Rakhine es una apropiación militar de tierras a una escala ingente. Se están construyendo nuevas bases para alojar a las mismas Fuerzas de Seguridad que han cometido crímenes de lesa humanidad contra los rohingyas", ha declarado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional. "Debido a ello, las perspectivas de regreso voluntario y en condiciones de seguridad y dignidad de los refugiados rohingyas son aún más lejanas. No sólo han desaparecido sus hogares, sino que las nuevas construcciones afianzan la ya deshumanizadora discriminación que sufrían en Birmania".

Se trata de un nuevo paso en la campaña de violencia -para la ONU, existen indicios de genocidio dado que es patente la voluntad estatal de expulsar a toda la comunidad musulmana en un país de mayoría budista- acelerada por las autoridades desde hace dos años. Tras la expulsión de más de 700.000 personas en apenas seis meses (se estima que no ha existido un éxodo de refugiados tan veloz desde el genocidio de Ruanda, en 1994), el Ejército procedió a demoler con excavadoras y apisonadoras poblados rohingya completos, en algunos casos incluida la vegetación que los rodeaba, aniquilando de esa forma los paisajes que forman parte de la memoria colectiva de los rohingya. Las fuentes de provisiones, como tierras de cultivo y ganado, también fueron arrasadas o apropiadas por los militares birmanos. Incluso estructuras que quedaron indemnes tras la campaña militar han sucumbido a las excavadoras de los uniformados.

"En algunas zonas, la nueva construcción ha comenzado sobre o en las proximidades de antiguas aldeas rohingya bajo forma de bases militares, infraestructuras o aldeas designadas para otra población no rohingya", se lee en el informe. "En al menos una zona, los rohingya que quedaban han sido forzados a abandonar sus casas después de que las autoridades municipales confiscaran las tierras para levantar una base de la Guardia Policial Fronteriza. Al mismo tiempo, se ha producido un aumento de actividad en torno a la mina de Rathedaung, además de la construcción y expansión de puertos en dos localidades, aparentemente parte de los planes gubernamentales para potenciar nuevas industrias e inversiones regionales. La magnitud del cambio sólo es equiparable a la velocidad con la que tiene lugar", continúa el informe.

Destrucción de pruebas

La estrategia de reconstruir sobre tierra quemada antes de facilitar el acceso a los investigadores internacionales facilita la destrucción de las pruebas de los crímenes cometidos. Como resalta el documento elaborado por Amnistía, hasta la fecha no se han constatado esfuerzos por asegurar y proteger los lugares donde se sospecha que fueron excavadas las fosas comunes. Todos los intentos de Naciones Unidas por desplegar expertos que indaguen la presunta comisión de crímenes han sido impedidas por las autoridades de Birmania, pese a la gravedad de las acusaciones formuladas por muchos de los 700.000 rohingya que escaparon del país huyendo de los militares.

Según un informe del diario 'online' birmano 'Irrawaddy', incluso en la región de Rathedaung, la menos afectada por la violencia en comparación con Buthidaung y Maungdaw, dado que tenía menos población musulmana, sólo dos o tres de las 22 aldeas rohingya se libraron del fuego que redujo a cenizas el resto de núcleos de población. En su lugar, según demuestra el informe de Amnistía, se ha acelerado la construcción de bases militares, puestos de Policía de fronteras, helipuertos y otras infraestructuras de seguridad destinadas a blindar el estado de Rakhine ante un eventual regreso de los rohingya. La mayor de las bases ha sido localizada en el pueblo de Ah Lel Chaung, municipio de Buthidaung, aunque también se han detectado otras dos bases en Maungdaw. La justificación de los militares, que durante medio siglo controlaron el país en una férrea dictadura militar, es que es necesario reforzar la seguridad en la zona debido a la presencia de "terroristas".

Saqueos y nuevos incendios

Las imágenes vía satélite analizadas por Amnistía revelan que las llamadas instalaciones de acogida -infraestructuras levantadas con el objetivo teórico de acoger a los refugiados que decidan regresar, dado que sus viviendas fueron incendiadas- están rodeadas con vallas y situadas en las proximidades de bases militares.

"La demolición de pueblos enteros en sumamente preocupante. Las autoridades de Birmania están borrando pruebas de crímenes de Lesa Humanidad, por lo que todo futuro intento de hacer rendir cuentas a los responsables resultará extremadamente difícil", ha añadido Tirana Hassan. Además, testigos consultados por Amnistía aseguran que, en los nuevos pueblos levantados sobre las ruinas de las aldeas rohingya, están viviendo otras comunidades no musulmanas llegadas de otras partes del país.

Además, las imágenes vía satélite demuestran que también se está procediendo al incendio puntual de infraestructuras rohingya en zonas que fueron abandonadas por sus habitantes antes de la llegada de los uniformados, cuando se extendió la voz de las razias. Algunos de los incendios datan del mes pasado y muchos de ellos han sido precedidos por el saqueo de los bienes que albergaban, como explicaba un religioso de la localidad de Zin Paing Nyar a los investigadores de Amnistía a finales de febrero. "La lata del tejado, las puertas, los ventiladores y las estanterías... se llevaron todo a bordo de vehículos militares y de los guardias de frontera. Durante la violencia, habían incendiado casi todas las casas. A partir de enero, comenzaron a destruir mezquitas, madrasas y las casas que quedaban intactas". El religioso afirmaba que, una vez que cesó el trabajo de las excavadoras, no quedó nada en Zin Paing Nyar, un extremo confirmado por las imágenes examinadas por Amnistía.

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