La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) celebró la decisión del Poder Judicial de la Federación de declarar inconstitucional un acuerdo del gobierno de Enrique Peña Nieto relativo a la suspensión de plazos y términos a los procedimientos del trámite de solicitudes de refugio, que en febrero de este año sumaban 14 mil 596 peticiones humanitarias, de las cuales 60% no habían sido atendidas.

En un comunicado, el organismo recordó que desde febrero alertó sobre el riesgo de colapso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que depende de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante el rezago acumulado de las peticiones de refugio, derivado del “Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos de los procedimientos que lleven a cabo la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de octubre de 2017. 

La CNDH destacó que a partir de la suspensión de los trámites, “se inició un periodo de incertidumbre para las personas extranjeras que buscan protección internacional en nuestro país, pues no cuentan con protección efectiva, derivado de la poca capacidad operativa de la Comar para garantizar el desarrollo de los procedimientos en condiciones que permitan dar certeza y seguridad jurídica”.

Añadió que desde que hizo su pronunciamiento en febrero de este año, el organismo detectó que alrededor de 3 mil 600 personas estaban en la espera de resolución de la Comar, algunas de las cuales habían iniciado sus trámites desde 2016, y que al día de hoy el número de solicitudes “necesariamente se ha incrementado, sin que exista la posibilidad de señalar en qué proporción, debido a que no existe información actualizada publicada por la Comar”.

Al señalar que esta situación se tradujo en la presentación de quejas ante la CNDH en proceso de integración, el organismo consideró como de suma importancia la resolución emitida por el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, quien determinó “la inconstitucionalidad” del acuerdo de suspensión de los trámites.

El pronunciamiento judicial “constituye un paso fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes han solicitado la condición de refugiado y apuntala la defensa de los derechos de las personas en contexto de migración internacional que buscan protección en nuestro país”, consideró el organismo.

La CNDH manifestó compartir los criterios del juez, relativos a que la decisión unilateral del gobierno federal violó los derechos de los migrantes como son “la falta de tutela efectiva durante la tramitación del procedimiento, debido a que no existe un plazo razonable, general y objetivo para emitir una resolución al procedimiento iniciado ante la Comar”.

De la misma manera, “al no respetar el interés superior de la niñez, la autoridad no acreditó haber tomado las medidas especiales para garantizar una mayor protección a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ni durante la sustanciación del procedimiento se observaron medidas tendientes a la protección de su desarrollo emocional y físico considerando su condición de vulnerabilidad”, sin menoscabo de que con la medida unilateral “afecta el derecho de acceso a la justicia, y se retrasa la obtención de acciones de asistencia institucional”.

Tras resaltar que el Estado mexicano está obligado a cumplir sus compromisos internacionales en materia de refugiados y solicitudes de asilo, la CNDH emplazó a la Comar a que cumpla con sus obligaciones “garantizando la protección más amplia a esta población en situación de vulnerabilidad, pues si bien ha iniciado un proyecto para atender la situación de crisis que enfrenta, aun no se evidencian los elementos contundentes que nos permitan concluir que se encuentran satisfechas las expectativas de protección”.

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