A los 34 años, Maira Verónica Figueroa Marroquín fue liberada de prisión después de cumplir quince años de su condena por homicidio. En 2003, cuando Maira tenía 19 años, y trabajaba como ama de llaves, quedó embarazada después sufrir una violación; hacia el final de su embarazo tuvo un aborto espontáneo. En El Salvador, el aborto está penalizado y en muchos casos equivale al homicidio.

Mi país es una de las seis naciones de América Latina y el Caribe donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la salud de la mujer está en riesgo. A principios de marzo, la sentencia de Figueroa se redujo de treinta años a los quince que ya había pasado en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.

En lo que va de este año, Figueroa Marroquín es la segunda mujer que, acusada de homicidio por sufrir un aborto espontáneo, ha sido liberada. En febrero, Teodora del Carmen Vásquez, sentenciada también a treinta años, salió tras once años encarcelada. En 2007, Vásquez estaba trabajando cuando comenzó a sangrar, perdió el conocimiento y dio a luz a un bebé muerto. Cuando Maira fue liberada, el 15 de marzo, Teodora estaba esperando en las puertas de la prisión en Ilopango para recibirla.


 
Teodora del Carmen Vásquez en San Salvador, poco después de ser liberada CreditJosé Cabezas/Reuters

Entre 2000 y 2014, 147 salvadoreñas fueron procesadas legalmente por delitos relacionados con el aborto, de las cuales 49 fueron acusadas: 23 por aborto y 26 por asesinato. En 2018, todavía hay veinticuatro mujeres en prisión en circunstancias similares a las de Teodora y Maira.

El aborto ha sido completamente ilegal en El Salvador en todas las circunstancias desde 1998, bajo el artículo 133 del Código Penal. En la mayoría de los casos, las mujeres acusadas de abortar han sido sentenciadas hasta ocho años, pero si un juez decide que el aborto fue un “homicidio agravado”, se da una sentencia mucho más alta, que puede llegar hasta cincuenta años.

Las cosas, sin embargo, pueden estar a punto de cambiar. Este año se presentaron dos iniciativas de ley en el Congreso y se ha abierto, por primera vez en veinte años, un debate sobre el aborto. Una de esas iniciativas propone la despenalización del aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación sexual, cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina y cuando esté en riesgo la vida de la mujer. También se espera que sean discutidas y aprobadas una ley de educación integral en sexualidad y una ley de salud sexual y reproductiva.

La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene un ciclo legislativo que termina a finales de abril, cuando se renovará el órgano parlamentario y la mayoría de los diputados serán del partido conservador, Arena. Por eso hay una ventana de oportunidad muy angosta para aprobar las iniciativas propuestas y proteger los derechos de las mujeres.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer: hay 8,9 homicidios por cada 100.000 mujeres, la tasa más alta de feminicidios a nivel mundial. A las muertes por violencia de génerose suma la muerte por abortos inseguros. El Ministerio de Salud de El Salvador estima que casi 20.000 abortos tuvieron lugar entre 2005 y 2008. Esto es: los abortos se llevan acabo sin importar su estatus legal y la única diferencia es el nivel de seguridad de las mujeres que se someten al procedimiento. La Organización Mundial de la Salud señaló que el 11 por ciento de las mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a consecuencia de ello. Con una legislación más flexible se podrían prevenir un número significativo de estas muertes.


 
Maira Figueroa el día en que fue liberada del Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango el 13 de marzo de 2018 CreditMarvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Las mujeres con embarazos de alto riesgo están especialmente vulnerables. En la situación actual, las embarazadas que presentan complicaciones a menudo son abandonadas por los hospitales públicos o corren el riesgo de ser denunciadas a la policía por trabajadores del hospital si sufren un aborto espontáneo. Entre enero de 2000 y marzo de 2011, el 57,36 por ciento de las mujeres procesadas por aborto u homicidio agravado fueron reportadas a la policía por personal médico. Es el caso de Verónica, una mujer que a los 22 años se embarazó de su segundo hijo sin saberlo. Una mañana, después de un dolor intenso, se desmayó y fue llevada al hospital, en donde perdió a una niña. En la sala de recuperación fue esposada por policías, quienes le informaron que estaba detenida por homicidio; fue sentenciada a treinta años de prisión.

También son vulnerables las mujeres que provienen de entornos económicamente desfavorecidos. Más del 80 por ciento de las mujeres procesadas penalmente por abortar no recibían remuneración por su trabajo o contaban con salarios muy bajos. Los bajos ingresos dificultan el pago de la atención médica privada y las expone a la denuncia de los trabajadores de los hospitales públicos. Muchas mujeres en pobreza con frecuencia no hacen nada si presentan alguna complicación o recurren a vías poco seguras.

Violeta Menjívar, ministra de Salud, ha hablado a favor de la despenalización del aborto. “Nosotros, en el Ministerio de Salud, no estamos promoviendo el aborto, estamos promoviendo salvar al vida de la mujer en situaciones extremas. Un embarazo que es asociado a un problema de salud requiere flexibilidad”, dijo Menjívar. La titular de Salud de El Salvador esboza la premisa básica: la despenalización del aborto no incentiva el aborto, solo lo hace más seguro.

A pesar de contar con aliados clave —en el Ministerio de Salud y en la actual Asamblea Legislativa— que podría permitirnos ser optimistas y pensar que se reformará el artículo 133, las iniciativas de ley para cambiar este delirante statu quo en El Salvador aún enfrentan la resistencia de grupos políticos conservadores y organizaciones religiosas. Pero no de la sociedad. En una encuesta del año pasado, el 79 por ciento de los salvadoreños dijo estar a favor de suavizar la prohibición del aborto.

Lo organismos no gubernamentales y la sociedad debemos seguir exigiendo, asesorando legalmente y movilizándonos para que las veinticuatro mujeres que aún están en prisión sean liberadas. Pero también los legisladores deben tener la voluntad política de cambiar la dura ley del aborto. Ser mujer en El Salvador no puede seguir siendo así de peligroso.

 
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