El sistema de educación superior es una de las claves para el desarrollo económico y social del país, pero no está cumpliendo con las expectativas que sobre él existen.

Tras la movilización estudiantil de 2011, se retoman impulsos de cambios en el sector. Hoy, dos proyectos de reforma están siendo debatidos en el parlamento. Uno, sobre definiciones básicas e institucionalidad de la educación superior, (Subsecretaría y Superintendencia). Otro sobre las universidades del Estado, que reconoce su especificidad, su gobernanza y modernización, y su financiamiento y fortalecimiento. Este contexto es el punto de partida del libro “Claves y ‘Nudos’ en la Reforma de la Educación Superior Chilena”, que edité y que cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago.

Los cambios no han sido fáciles de acordar. En el sector participan diversos y poderosos actores, con visiones e intereses contrapuestos de lo que es mejor para lograr una educación superior de excelencia. Surgen entonces las controversias básicas del sistema, que denomino “nudos” por las dificultades que significan para conseguir acuerdos estables. Su resolución podría afectar a posiciones doctrinarias básicas o a sectores, actores, estructuras institucionales y mecanismos de políticas o de asignación de recursos, que se estiman valiosas.

Puede haber acuerdo legislativo sobre los “nudos”, pero no terminan siendo definidos como acuerdos de largo plazo, como algunos que siguen:

La reforma no establece un “modelo” de universidad, tal vez reconociendo la situación actual (70% de las universidades publican menos del 1% de los artículos WoS del país), donde éstas podrían realizar únicamente docencia de pregrado. La discusión al respecto no está hecha, pero debiera hacerse, de ahí el aporte de este libro que presentamos en coautoría con Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile; Rodrigo González asesor del Ministerio de Educación; y Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar, y que responde a la realidad actual y necesidades de Chile.

La reforma no deja suficientemente claro de qué forma concreta el Estado se hará cargo de sus universidades. Causa controversia desde los rectores, las débiles condiciones bajo las cuales se asume la responsabilidad (Fondo para convenios marco con universidades estatales, definido en presupuestos anuales).

La relación entre gobernanza de las universidades estatales y la participación en consejos o el cogobierno que reclaman algunos (elección de autoridades unipersonales) sigue pendiente de un acuerdo estable de largo plazo. Los acuerdos no zanjan el tema del cogobierno.

 

La reforma no deja suficientemente claro de qué forma concreta el Estado se hará cargo de sus universidades. Causa controversia desde los rectores, las débiles condiciones bajo las cuales se asume la responsabilidad (Fondo para convenios marco con universidades estatales, definido en presupuestos anuales).

 

La regulación y la autonomía están en abierta controversia. Superintendencia y Subsecretaría están siendo dotadas de atribuciones y controles que chocan con la necesaria autonomía de las universidades e instituciones, se consideran excesivas e intrusivas en ámbitos propios de las universidades e instituciones. Estas serán discusiones soterradas en el futuro próximo, para que el Estado no se tiente de gestionarlas o de intentar hacerlo. Los acuerdos legislativos alcanzados a la fecha, enero 2018, ponen en pie forzado a la autonomía, generando una situación de tensión permanente al respecto e inestabilidad en el sistema.

La Gratuidad está en debate. Su carácter universal se cuestiona teóricamente, debate y sin suficiente validación de tesis. Se cuestiona también por razones prácticas, de disponibilidad de recursos.

También se discuten sus impactos negativos en el presupuesto de las universidades e instituciones adscritas, déficit resueltos parcialmente con recursos estatales adicionales, no permanentes. En 2016, aún con el complemento, las 30 instituciones adscritas tuvieron déficit global del 5% de los ingresos que hubieran recibido si les pagaran los aranceles que efectivamente cobraban. Situación similar ocurre en 2017. La gratuidad sigue siendo un espacio de desencuentro, sin que se prevean medidas para resolver sus efectos negativos en los presupuestos de las universidades e instituciones del sistema.

Finalmente, las definiciones sobre financiamiento de la educación superior, contenidas en los proyectos están dispersas y complementan mecanismos existentes con la Gratuidad (financiamiento al pregrado) y con fondos para universidades estatales. Difícilmente podría considerarse un sistema de financiamiento de la educación superior.

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