Días atrás, Slate dedicó espacio para hablar de FaithLeaks, una plataforma que permite la filtración de documentos confidenciales de forma anónima por parte de miembros de comunidades religiosas, en un intento de sus fundadores de impulsar una mayor transparencia dentro de las iglesias acerca de los abusos y los comportamientos poco éticos al interior de éstas.

Una de sus más recientes revelaciones consiste en 33 cartas y documentos de una investigación interna sobre presuntos abusos sexuales de un hombre contra tres mujeres dentro de una congregación de Testigos de Jehová.

Más allá de poner al descubierto el comportamiento censurable de miembros de la iglesia, los documentos muestran que la Watch Tower Bible and Tract Society (nombre legal de la agrupación religiosa) pide a los ancianos de sus congregaciones mantener “estricta confidencialidad” y “evitar involucrarse innecesariamente con las autoridades seculares” en casos como violación o abuso infantil, manejándolas internamente.

Estos criterios no son de reciente adopción. En Los voceros del fin del mundose narra cómo mientras que la Iglesia Católica se veía envuelta en su propio escándalo de abuso de cientos de menores en distintas diócesis de Estados Unidos, el mismo problema comenzaba a salir a flote entre los Testigos de Jehová, una agrupación religiosa que reclama tener 8.2 millones de miembros en el mundo y más de 871 mil en México.

En agosto de 2002, The New York Times publicó el testimonio de William Bowen, hoy activista de un grupo de ayuda a víctimas y antiguo anciano de una congregación en Kentucky, aseguraba haber recopilado hasta entonces más de 5 mil informes de Testigos que acusaban a la organización por manejar de forma irregular casos de abuso sexual contra niños.

La principal denuncia era la guía que las autoridades de ese grupo religioso proveía para manejar los casos de abuso, aconsejando a los miembros a ir primero a los ancianos de la congregación antes que a las autoridades judiciales, de modo que fueran éstos quienes determinaran si la persona era o no culpable.

La política de la organización –según puede comprobarse en los documentos hechos públicos por FaithLeaks– aún prescribe que los ancianos se entrevisten con el acusado en privado; en caso de que éste niegue la acusación y si no hay dos o tres testigos de los hechos, los ancianos deben explicar al denunciante que no puede tomarse ninguna medida judicial. La congregación seguirá viendo al acusado como una persona inocente.

El director de Información Pública de las oficinas centrales de la Watch Tower llegó a asegurar que la labor prioritaria de los ancianos es “salvar el alma de las personas. En estos casos no estamos para castigarlos porque éstos son nuestros hermanos, y nosotros esperamos que ellos cambien”. A la luz de las políticas vigentes, si un abusador convence a los ancianos de su remordimiento, puede permanecer en la congregación, incluso si eso significa contacto con su víctima.

En su libro La explotación de la fe, Jorge Erdely asegura que la denuncia documentada, verificable, tiene funciones sociales imprescindibles. Crea conciencia pública y memoria histórica. Saca a relucir lo oculto, lo que corroe a la sociedad desde sus entrañas; erosiona la cultura del silencio e impulsa los derechos humanos.

Si bien en este caso, FaithLeaks ha exhibido las contradicciones al interior de la congregación religiosa de los Testigos de Jehová, llama la atención la dependencia de las instituciones que se presentan como mediadoras indispensables entre los seres humanos y la divinidad, pues liderazgos ostensiblemente corruptos se apropian de textos y símbolos sacros para manipular los parámetros éticos bajo los que se conducen.

Las instituciones y sus burocracias tienen una tendencia a secuestrar y manipular los principios que administran. Ha llegado el tiempo de que éstas también rindan cuentas; los miembros de las iglesias deben saber en quiénes depositan su confianza.

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