Un dedo en la boca —símbolo universal del silencio— fue lo único que necesitó el violador de Claudia Morales para que no lo denunciara. La periodista colombiana escribió en un testimonio publicado el 19 de enero que había sido abusada sexualmente por un antiguo jefe. No dio su nombre.

Desde ese momento, Morales ha promovido el silencio como refugio frente a las leyes colombianas, que han sido ineficaces para lidiar con la violencia de género y el acoso. Su reflexión fue más allá del ámbito nacional cuando Jon Lee Anderson, periodista de The New Yorker, y el diario Le Monde señalaron al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez como principal sospechoso. Uribe fue jefe de Morales en 2003 y 2004.

El país se dividió frente a la revelación de la víctima: numerosas personas la apoyaron con la etiqueta #YoLeCreoAClaudia, pero otras entraron en defensa de su presunto agresor con el hashtag#YoSoyUribe.

A raíz del intenso debate sobre el caso, otras mujeres, como Julissa Mantilla Falcón, docente de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, han respaldado su iniciativa de no nombrar o de callar. Esta tendencia crea la impresión de que América Latina está a años luz del movimiento #MeToo, pero denunciar a un violador en países patriarcales como Colombia condena a la víctima al ostracismo. El abusador, si se le denuncia, siempre estará esperando afuera del juzgado para ajustar cuentas. El silencio se convierte así en la única defensa de las mujeres atacadas: cállate y ruega que no vuelva a ocurrir.

 

Este comportamiento es comprensible, si tenemos en cuenta las cifras: en Colombia hay tres reportes de abuso sexual cada hora. Pero solo un pequeño porcentaje de las víctimas buscan justicia. Según un estudio —entre 2010 y 2015 y en el contexto del conflicto armado en Colombia—, de las 875.437 mujeres que sufrieron violencia sexual, solo el 20 por ciento denunció su caso. Entre enero y septiembre de 2017, en Colombia se presentaron 8,9 por ciento más de delitos como embarazo forzado y acoso sexual que en todo 2016.

Las leyes de protección a la mujer que existen en Colombia son letra muerta. Aunque el código penal colombiano señala en la Ley 1257 de 2008 que la pena por “acceso carnal violento” es de 12 a 20 años, la impunidad de las denuncias de abuso sexual es 97 por ciento. La realidad es que rara vez un violador va a la cárcel. No sorprende que las mujeres quieran guardar silencio, el 24 por ciento de las víctimas que no denunciaron a su agresor lo hicieron por temor a represalias.

No es exagerado argüir que en Colombia es más riesgoso denunciar a un abusador que abusar de una mujer.

A partir del artículo de Morales, numerosos columnistas han abordado el tema del silencio ante una violación aportando al debate desde distintas orillas. Paola Ochoa, columnista de El Tiempo, ha criticado la indiferencia de las lideresas de opinión ante un incremento del abuso sexual y los feminicidios, los cuales aumentaron de 546 en 2016 a 565 en 2017. En su columna pregunta dónde están y por qué callan las “divas” del periodismo. Por su parte, Melba Escobar, columnista de El País de Cali, pide que no le reprochen estar al margen del debate y defiende su derecho a no participar del movimiento #MeToo (o #YoTambién). Usó la etiqueta #NotMe para desligarse de la conversación sobre el acoso sexual.

Antonio Caballero, uno de los principales columnistas del país, dedicó dos columnas (1, 2) a minimizar las denuncias de acoso reduciéndolas a banalidades de “mujeres repentinamente quejosas”. Sus opiniones expresan el sentir de una cultura sexista que ha normalizado el acoso.

Y así transcurrieron 22.519 casos de violencia sexual en 2017, muchas de ellas víctimas silenciadas por el temor de perder la custodia de sus hijos y con una situación económica precaria. Mientras tanto, una cantidad alarmante de violadores seriales ha permanecido impunes y, muchos de ellos, podrían aumentar el número de sus víctimas.

La estrategia del silencio debe cambiar y el debate público debe dirigirse hacia la administración de justicia —los jueces, fiscales, policías y políticos—, cuya ineficiencia y lentitud en la ejecución de las leyes se traduce en una condena para cientos de mujeres.

El Estado tiene que preservar la integridad física y moral de las mujeres que denuncian ataques sexuales. Lo primero es reducir los índices de impunidad.

No puede haber más casos como el de Claudia Johana Rodríguez, quien denunció a su pareja en marzo de 2017, pero la policía permitió que tuviera acceso a ella porque “el papá también tenía derecho a ver [a su hijo]”. Un mes después, la asesinó.

Los efectos de denunciar el abuso no son una exageración. En Colombia ha causado indignación el caso de la joven Marcela González, quien ha recibido golpizas de su pareja, Gustavo Rugeles, identificado como miembro del grupo neonazi Primera Fuerza. Al parecer, ella no puede dejar la casa y tiene su teléfono y correo electrónico intervenidos por él. A pesar de denunciarlo y de que su caso está registrado en un reporte de Medicina Legal, el atacante sigue libre y continúa su asedio contra ella. Tras la denuncia, Rugeles publicó dos videos donde la hizo retractarse. La gente simplemente aguarda, con impotencia, el día en que González aparezca muerta en un caño.

No es exagerado argüir que en Colombia es más riesgoso denunciar a un abusador que abusar de una mujer. Miles de mujeres han aguantado el dolor del abuso con estoicismo, como si no nombrar el mal lo erradicara. Pero no es así. Quien calla, les otorga poder a esos jefes, maridos, taxistas que abusan de las mujeres amparados en la impunidad. 

Y así, el abuso sexual se alimenta del miedo de sus víctimas a denunciar y de la desarticulación de organizaciones sociales, estatales, académicas y culturales que, con su indiferencia e incompetencia, no han podido frenar el acoso a las mujeres. El silencio parece la única opción porque el maltrato a la mujer es visto como un asunto secundario en Colombia.

Para poner fin a esta realidad monstruosa, el Estado tiene que preservar la integridad física y moral de las mujeres que denuncian ataques sexuales. Lo primero es reducir los índices de impunidad. Pero también debe guiar y proteger a las denunciantes ofreciéndoles ayuda económica temporal, garantías en el trabajo y apoyarlas con la custodia de sus hijos. La línea 155 “de orientación a mujeres víctimas”, una línea telefónica que atiende casos de violencia de género, debería ofrecer un protocolo de contingencia en caso de una emergencia. También debería garantizarse el cumplimiento de las órdenes de caución ante la evidencia de violencia o abuso sexual o sicológico.

Sin ese aparataje legal y social en Colombia, las víctimas seguirán quedando a merced de sus abusadores y no habrá esperanzas de que se quiten el dedo índice de sus labios para dirigirlo, por fin, hacia sus victimarios. El silencio ya no es una opción.

 
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