Mientras Víctor Manuel Hernández Quintana, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), hizo mutis sobre las acusaciones de tráfico de influencias y abuso de poder que realizó en su contra el Partido Convergencia (PC), los diputados priistas del Congreso local exigieron al instituto político presentar pruebas de sus señalamientos, y aunque respaldaron el desempeño del auditor general, lo hicieron de manera tibia.

Por su parte, el presidente del Poder Legislativo, Humberto Aguilar Viveros, aseguró que “no es inaceptable” la labor que ha desarrollado Hernández Quintana en sus tres años de mandato, el presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, Pablo Fernández del Campo Espinosa, dejó abierta la posibilidad de que las imputaciones sean ciertas.

Fernández del Campo indicó que sería “gravísimo” que se confirmaran los supuestos, pues Hernández Quintana habría incurrido en tráfico de influencias.

El dirigente del partido naranja, José Juan Espinosa Torres, acusó al auditor general del OFS de incurrir en abuso de autoridad y de actuar como juez y parte en la revisión de las cuentas públicas, debido a que fiscaliza a 20 sujetos de revisión a través de 10 despachos de los que es accionista, los cuales, además, han sido favorecidos con contratos “millonarios” durante su gestión.

Un día después de que Espinosa Torres informara de las presuntas inconsistencias, Hernández Quintana evadió a la prensa durante la sesión de la Comisión Inspectora que se realizó la tarde ayer en las instalaciones del órgano de fiscalización.

Al término de la mesa de trabajo, el auditor general evitó salir al patio principal donde lo esperaban algunos representantes de los medios. El encargado del área de comunicación del OFS confirmó que no daría entrevistas sobre el tema.

En tanto, en el palacio legislativo –localizado en el Centro Histórico de Puebla, a escasas calles del OFS– Aguilar Viveros, Fernández del Campo y el vocal de la Comisión Inspectora, José Othón Bailleres Carriles, exigieron a Espinosa Torres documentar las acusaciones ante las instancias correspondientes y no dejarlas en el terreno de lo mediático ante la gravedad de las mismas.

“Todo el que acusa está obligado a probar”, coincidieron los legisladores priistas en entrevistas que concedieron por separado.

Bailleres Carriles criticó que los diputados electos de PAN, PRD, Panal y Convergencia –quienes participaron como candidatos en la elección de este año a través de la coalición Compromiso por Puebla– anunciaran que impulsarán la destitución de Hernández Quintana una vez que entren en funciones en el mes de enero de 2011, ya que los representantes populares en activo de esos mismos partidos “no han dicho ni una sola palabra”.

Lo mismo sucede, dijo, con la iniciativa de ley de fiscalización superior que el Congreso local aprobará este día, pues los legisladores electos del mismo bloque han advertido que intentarán su abolición, pero sus antecesores en el cargo no hicieron nada para impedir que entrara en vigencia la reforma constitucional de 2009 en la que se fundamentó el proyecto.

Bailleres, quien fungió como presidente del Congreso al inicio de la presente Legislatura, concluyó que los diputados electos de la alianza parlamentaria no podrán ponerse de acuerdo para lograr el propósito de remover al titular del OFS.

Aguilar Viveros se mostró reacio en un inicio a opinar sobre el tema; sin embargo, al final concedió la entrevista en la cual tachó a los diputados de oposición de “incongruentes”, al tiempo de defender la labor de Hernández Quintana al considerar que ha cumplido con su trabajo.

En tanto, Fernández del Campo indicó que sería irresponsable que el dirigente del partido naranja no formalizara las acusaciones, pues demostraría que sus señalamientos sólo tienen fines políticos.